Antes de practicar una prueba invasiva o de administrar un determinado tratamiento, el médico debe obtener de la persona competente una autorización informada y voluntaria. Este procedimiento se denomina consentimiento informado. Los pacientes, cuando han de tomar decisiones sobre la atención médica a recibir, tienen el derecho de ser informados sobre los riesgos, los beneficios y los tratamientos alternativos, y han de tener la libertad de elegir. (Véase también Introducción a los aspectos éticos y legales en la atención sanitaria Introducción a los aspectos éticos y legales en la atención sanitaria La ley tiene mucho que decir sobre la toma de decisiones personales. Por ejemplo, el paciente está legalmente capacitado para tomar sus propias decisiones sobre la atención sanitaria que quiere... obtenga más información .)
Si el paciente no es capaz de comprender dicha información o de tomar una decisión, el médico recurrirá a la persona designada en un poder legal para asuntos médicos. Si dicha persona no está disponible, el médico recurre a otra persona autorizada que pueda sustituir a la primera en la toma de decisiones. Si se necesita atención de emergencia y no está disponible de inmediato ninguna persona autorizada para la toma de decisiones, se aplica la doctrina de presunción del consentimiento: se presupone que una persona da su consentimiento para cualquier tratamiento de emergencia necesario.
La autodeterminación significa que todo adulto mentalmente sano tiene el derecho de decidir qué deberá hacerse con su cuerpo. Este es el fundamento de la doctrina ética y legal del consentimiento informado. El procedimiento de consentimiento informado debe ser comentado entre la persona y su médico. Debería alentarse a las personas afectadas a preguntar acerca de su enfermedad y de las posibilidades de tratamiento, y el personal médico debería dar a conocer los hechos y sus opiniones, así como proporcionar apoyo y consejo. Los médicos deben presentar la información de modo que resulte comprensible para el paciente y que transmita con claridad los riesgos y los beneficios. La ley exige que los médicos consigan los medios necesarios para asegurar la comunicación con las personas que no hablan su idioma o en los casos en que existan otras dificultades o barreras que impidan la comunicación. El consentimiento es realmente informado cuando el paciente comprende lo siguiente
Su estado médico actual, que incluye su evolución probable si no se realiza ningún tratamiento
Los tratamientos que pueden ser útiles, incluida la descripción y la explicación de los riesgos y beneficios potenciales, además de las cargas
De modo general, la opinión profesional del médico sobre cuál es el tratamiento más recomendable
Incertidumbres asociadas con cada uno de estos elementos
Por regla general, cuando se trata de un tratamiento importante suele pedirse a la persona que firme un documento en que se resume la información proporcionada.
Renuncia al tratamiento
Parte inseparable del derecho al consentimiento informado es el derecho a la renuncia informada. Las personas capacitadas legal y clínicamente pueden renunciar a cualquier atención médica. Pueden rechazar esta atención aunque se trate de algo que casi todo el mundo aceptaría o algo que muy probablemente podría salvarle la vida. Por ejemplo, una persona que sufre un infarto de miocardio puede decidir abandonar el hospital aún cuando tal decisión pueda provocar su muerte. Incluso si otras personas creen que su decisión es errónea o irreflexiva, su decisión de rechazar el tratamiento médico no puede usarse en sí mismo como prueba de que esa persona está incapacitada. En muchos casos, la renuncia al tratamiento está motivada por el miedo, una deficiente comprensión o falta de confianza. Pero también la renuncia al tratamiento puede ser producto de un estado depresivo o de confusión mental, o de algún otro trastorno médico que pueda alterar la capacidad de la persona para tomar decisiones acerca de su salud.
La renuncia al tratamiento debe instar al médico a investigar el motivo por el cual el paciente lo rechaza, e intentar solventar las dudas o temores que puedan presentarse con respecto a la aceptación del tratamiento. Por ejemplo, a los pacientes que renuncian al tratamiento porque no pueden afrontarlo económicamente se les puede informar de las ayudas públicas disponibles, o se les puede proponer un sistema de pago personalizado. La renuncia capacitada al tratamiento por parte de un paciente no se considera un intento de suicidio, ni tampoco la conformidad del médico con dicha renuncia se considera en términos legales un suicidio asistido médicamente. Antes bien, cualquier muerte derivada de tal decisión se considera legalmente el desenlace natural del proceso de la enfermedad.
En algunos casos, la renuncia al tratamiento por parte de un paciente puede suponer un perjuicio para otras personas. Por ejemplo, los pacientes que rechazan el tratamiento de determinadas enfermedades infecciosas, como la tuberculosis, ponen en riesgo de infección a las personas de su entorno. Igualmente, quienes rechazan el tratamiento para otras personas, como un menor de edad o un adulto dependiente, ponen en grave riesgo la salud de esas personas. En estos casos, los médicos suelen realizar consultas legales y judiciales, o consultas con personas expertas en cuestiones éticas.
