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La confidencialidad y la HIPAA (Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud en Estados Unidos)

Por

Charles Sabatino

, JD, American Bar Association

Última revisión completa sep 2018
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Los profesionales de la salud tienen el deber de tomar medidas razonables para preservar la confidencialidad de la información médica personal, de acuerdo con las preferencias de la persona en cuestión. Por ejemplo, las conversaciones entre médico y paciente deben transcurrir, por lo general, en privado, y es posible que un paciente prefiera que su médico le llame al teléfono móvil en lugar de al teléfono fijo del domicilio. Ni siquiera los familiares bienintencionados están necesariamente autorizados a recibir información sobre la situación médica de un ser querido. (Véase también Introducción a los aspectos éticos y legales en la atención sanitaria.)

A toda persona se le reconoce el derecho a la confidencialidad a menos que autorice revelar la información. En algunos países, esta situación está regulada por una legislación específica (conocida como "Regulación de la privacidad", Health Information Privacy) acerca de la confidencialidad, el acceso y la divulgación de la información médica, que se aplica a la mayor parte de los profesionales de la salud. Por ejemplo, en Estados Unidos la ley que regula estos aspectos es la Ley de portabilidad y responsabilidad de los seguros de salud (HIPAA, Health Information Privacy), que especifica lo siguiente:

  • Toda persona debe poder ver y obtener copias de su historial médico y pedir que se corrijan los errores que pueda contener.

  • Cualquier persona legalmente autorizada para tomar decisiones relacionadas con la atención médica en nombre de otra persona que carezca de capacidad para ello, tiene el mismo derecho de acceso a la información médica privada que la persona en cuestión.

  • Los profesionales de la salud deben dar a conocer regularmente de qué modo garantizan la confidencialidad de la información médica.

  • Los profesionales de la salud deben compartir la información médica de una persona, pero solo entre ellos mismos en la medida en que sea preciso para proporcionar los cuidados necesarios.

  • La información médica personal no puede ser revelada con fines comerciales.

  • Los profesionales de la salud deberán tomar las precauciones necesarias para garantizar la confidencialidad de sus comunicaciones con el paciente.

  • Las personas pueden presentar denuncias sobre prácticas de privacidad de los profesionales de la salud (directamente al profesional de la salud o ante el organismo gubernamental correspondiente, en el caso de Estados Unidos en la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos; ver How To File a Complaint with the Office for Civil Rights).

Las "Regulaciones de privacidad" de la HIPAA no deben interpretarse como barreras para dificultar la comunicación normal con los familiares y amigos del paciente. La normativa permite a los médicos y a otros profesionales de la salud compartir información que es directamente relevante para la implicación del cónyuge o de familiares, amigos u otras personas indicadas por un paciente. Si el paciente tiene la capacidad de tomar decisiones sobre la atención sanitaria, el médico puede comentar esta información con la familia u otras personas que estén presentes siempre que el paciente esté de acuerdo o, teniendo oportunidad de ello, no haga objeción. Incluso cuando el paciente no está presente o no es factible o práctico pedirle autorización a causa de la urgencia o por incapacidad, el médico puede compartir esta información con los familiares o los amigos, siempre que aplicando un criterio profesional considere que hacerlo será lo mejor para los intereses del paciente.

Algunas veces los profesionales de la salud son requeridos por ley para desvelar cierta información, en general si la enfermedad puede representar un peligro para los demás. Por ejemplo, ciertas enfermedades infecciosas, tales como la causada por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), la sífilis y la tuberculosis, suelen ser de declaración obligatoria ante los organismos gubernamentales o sanitarios competentes. Los profesionales de la salud que detectan signos de maltrato, abusos o negligencia en niños, adultos o ancianos deben notificarlo de forma sistemática a los servicios de protección. En algunos países incluso deben ser declaradas las enfermedades o trastornos que, como la demencia o las convulsiones recientes, pueden afectar gravemente la capacidad de una persona para conducir un vehículo.

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